La Organización de Las Naciones Unidas (ONU) acaba de publicar su informe sobre “Libertad de religión o creencias”, que preparó su Relator especial Ahmed Shaeed.
En este documento la ONU concluye que la religión en general -y la cristiana por ende- es un «enemigo» de lo que ellos denominan «Derechos Humanos».
No es ningún secreto que para los onuístas la ONU constituya un eficaz sustituto de la religión cristiana. Propone que sus principios y declaraciones sirvan como credos religiosos para todas las personas en el mundo. Este informe de 2020 de Saheed es muy puntual en sugerir lo anterior, además de considerar los principios cristianos sobre la sexualidad humana como «peligrosos y discriminatorios».
Ciertamente, no todas las observaciones del informe son hostiles. Señala, por ejemplo, el gravísimo problema que existe en países no cristianos en donde se practica la mutilación genital femenina, matrimonios forzados, poligamía y violaciones, entre otros males (n.41), así como la criminalización de la homosexualidad (n. 37).
Pero es claro que arremete contra el cristianismo por su oposición al falso evangelio por excelencia de la ONU: La ideología de género.
El informe dice que existe una “profunda preocupación” por las “campañas de grupos religiosos [cristianos]” que tildan de inmorales a los que abogan por la igualdad de género “alegando que la “ideología de género” es mala para los niños, la familia, la tradición y la religión” (no.34).
Saheed sostiene que la iglesia invoca “dogmas religiosos y pseudociencia” para oponerse a los ideólogos de género y “defender los valores tradicionales enraizados en interpretaciones de las enseñanzas religiosas acerca de los roles sociales del hombre y la mujer según una alegada diferencia física y capacidad mental; llamando a menudo al gobierno a sostener políticas discriminatorias” (ibíd.).
Para la ONU y los ounístas la Iglesia es una instrumentalizadora de la discriminación y la llamada violencia de género. Dicen estar preocupados porque la iglesia se organizó en grupos para contrarrestar el trabajo de los activistas de los «derechos humanos», escudada en el derecho a la libertad religiosa.
Dice el relator, por ejemplo, que la iglesia en Polonia ha intimidado y estigmatizado a los defensores de los derechos de las mujeres como «promotores de la ideología de género y grupos anti-familia».
¿Cuál es este ataque a los derechos humanos? Saheed sostiene que el hecho de que luchen porque en las constituciones políticas de los Estados, el matrimonio sea definido como la unión de un hombre y una mujer.
Otro punto que destaca la ONU en contra de la iglesia, específicamente en Latinoamérica, es que está constantemente estorbando la legalización del aborto.
En lugares como Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay los grupos cristianos “han coartado los programas de educación sexual y reproductiva” (no.36).
Para el relator es suficiente prueba de ataque a lo que ellos denominan «derechos humanos», el que la iglesia diga que la práctica homosexual va contra la naturaleza humana (Ibíd.).
En torno al aborto la ONU demanda que los gobiernos hagan lo necesario para que los médicos no puedan objetar en conciencia y no puedan negarse a practicar el homicidio prenatal (no.44).
Hasta aquí están claras dos exigencias subyacentes de la ONU contra la iglesia y la libertad de conciencia y religión:
1.- Que no se pueda invocar la libertad religiosa para hablar contra la ideología de género.
2.- Que no se pueda invocar la objeción de conciencia para no practicar un aborto.
El plan satánico de la ONU implica así, la reducción o desaparición de garantías y derechos anteriormente sancionados por tratados internacionales, con tal de imponer este nuevo orden ético mundial.
Por último, el relator indica que en las iglesias se ha negado a los colectivos LGBTI+ y a las mujeres participar e incidir en el contenido de la fe: “se les ha negado el derecho de manifestar sus creencias a través de interpretaciones igualitarias de género de la fe, [mientras que] los que combaten la violencia de género y la discriminación pueden ser estigamizados y castigados por ello” (no.47).
En este punto Saheed instruye tácitamente desde la ONU, que las teologías contextuales queer y feministas (“interpretaciones igualitarias de género”) deberían de regir nuestra interpretación de la Biblia y de nuestra fe.
En la Iglesia, dice la ONU, a la gente no le queda otra más que aceptar estos sistemas «discriminatorios» o irse de ella (Ibíd.).
Así, apelando al aborto y recomendando las interpretaciones queer y feministas de la Biblia, la ONU concluye que “constituye un serio desafío para el avance global de la equidad la privación de derechos LGBTI+ y de las mujeres dentro de las comunidades religiosas” (no.47).
Para los onuístas, la única manera en que la Iglesia puede respetar los derechos humanos es renunciando a la antropología, hamartología, soteriología, eclesiología y apologética bíblicas, entre otros temas de primer orden.
¿Qué debe hacer el gobierno cuando una iglesia discipline a un propagador de ideología de género entre las ovejas de Cristo?
La ONU dice que “debe intervenir para prevenir prácticas dañinas, ya que dichas prácticas se constituyen por el ethos [práctica o costumbre] religioso; incluyendo actos discriminatorios que buscan nulificar o menoscabar el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones” (no.49).
Saheed considera así a los disidentes y heréticos como una especie de activistas de derechos humanos que el Estado debe proteger de las garras “violentas” de las iglesias.
La excomunión sería entonces un atentado contra la libertad y los derechos humanos cuando se aplique a un falso maestro que enseñe cosas contrarias a la fe revelada en el nombre de la igualdad y los derechos LGBTI+.
En suma, la ideología de género no puede existir sin el apoyo del Estado, y la ONU, que sabe perfectamente esto, está amonestando a los gobiernos del mundo para que intervengan contra la iglesia cuando se hable contra el aborto, la práctica de la homosexualidad, el divorcio y la hipersexualización de los niños, así como lo que consideran una estereotipación de la mujer al enseñarle la importancia de cuidar de su hogar y sujetarse a su esposo.
Para la ONU nosotros tenemos el derecho absoluto de creer y practicar la religión que queramos, pero nuestro derecho a manifestar públicamente nuestras creencias es limitado por la ley, la moral, la salud, el orden y la seguridad (no.60).
Sobre esta base es que los laicistas ounístas reclaman que la predicación de la iglesia contra el pecado sexual y a favor de la vida y del matrimonio heterosexual exclusivo no debería de estar protegida por la ley por ser discriminatoria.
La ONU quiere que creas lo que se te antoje mientras no practiques públicamente una religión que contravenga lo que ellos consideran un derecho humano.
Saheed concluye que si bien es verdad que las iglesias pueden organizarse internamente sin la intervención del Estado, también es cierto que a la luz del derecho de libertad religiosa aquel derecho de autonomía institucional puede ser restringido según el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles (cuando se deba salvaguardar el orden, la salud, la seguridad y la moral) (no.67).
Naturalmente, es importante que las organizaciones religiosas actúen dentro de la ley. Pero la ONU está intentando criminalizar actos de las iglesias que responden a la proclamación más íntima de su mensaje como el llamado al arrepentimiento, la moral y ética sexual cristianas y su cosmovisión en general sobre la vida humana, sus valores y propósito.
Saheed y la ONU exigen finalmente que el Estado opere sancionado a las iglesias y obligándolas “a crear las condiciones en las cuales todos los miembros de la sociedad puedan ejercitar sus derechos, incluyendo el derecho a la religión o creencia” (no.71).
Este es un paso más hacia la imposición totalitaria de su visión ecuménica anticristiana. Porque, a decir de este experto en libertad religiosa ya es hora de meter a la iglesia en cintura.
por: Juan Paulo Martínez Menchaca
Noticias Cristianas – La Verdad Ahora